El Gobierno da marcha atrás con el Courier: qué cambia

En medio de las tensiones internas que atraviesa la Dirección General de Aduanas (DGA), el Gobierno decidió modificar uno de los principales cambios que había impulsado al comienzo de la gestión para facilitar las importaciones por courier.

A través de una resolución firmada por el director general de Aduanas, José Velis, el organismo dejó sin efecto las habilitaciones que permitían a los depósitos fiscales privados operar con empresas de courier internacional y dispuso que las mercaderías vuelvan a canalizarse desde las jurisdicciones aeroportuarias. En la práctica, con eje en la futura Terminal Única Courier (TUC) de Ezeiza.

Si bien las principales empresas del sector mantienen reserva sobre el alcance operativo de la resolución mientras analizan su implementación, la medida no cae bien ya que las firmas concretaron inversiones para adecuar sus plantas para un fin que ya no está permitido, lo que generaría un impacto económico negativo.

En paralelo, representantes gremiales también comenzaron a expresar preocupación por el impacto que podría tener la concentración de las operaciones en Ezeiza, donde advierten limitaciones de infraestructura y personal.

La trastienda de la resolución

La decisión se conoce días después de que recrudecieran los rumores sobre la continuidad de Velis al frente de la Aduana y en un contexto de diferencias internas respecto del funcionamiento del régimen courier, una de las herramientas que el Gobierno impulsó desde el inicio de la gestión como parte de su política de desregulación del comercio exterior.

En los fundamentos de la resolución, firmada el martes por Velis, la Aduana reconoce que el sistema registró un “incremento exponencial del volumen de operaciones”, lo que derivó en una mayor utilización de depósitos fiscales y terminó dificultando “la adecuada verificación física y documental de las mercaderías”.

Ese crecimiento se refleja en las estadísticas. Según un informe de Analytica, en agosto las importaciones realizadas mediante servicios postales alcanzaron u$s 104 millones. Si bien acumularon dos meses de retroceso tras el pico de u$s 125 millones registrado en junio, fue el sexto mes consecutivo con operaciones superiores a los u$s 100 millones.

En el acumulado de los primeros ocho meses del año, las compras al exterior por esta vía sumaron u$s 855 millones, un 71,1% más que en igual período de 2025 y apenas u$s 39 millones por debajo del total importado durante todo el año pasado. De mantenerse la tendencia, Analytica estima que el régimen cerrará 2026 con importaciones superiores a u$s 1200 millones.

Como respuesta, el organismo sostuvo que resulta necesario volver a concentrar las operaciones para preservar el correcto funcionamiento del régimen y mejorar los controles y fundamenta el cambio en la necesidad de adecuar el régimen courier a la realidad operativa actual y asegurar una intervención más eficiente del servicio aduanero.

La norma también establece que las autorizaciones otorgadas a depósitos fiscales para operar courier quedarán sin efecto y que los espacios destinados a esa actividad deberán desocuparse en un plazo de treinta días corridos.

Los trámites que ya se encuentren en curso continuarán hasta su finalización en las jurisdicciones donde actualmente se encuentren las mercaderías.

También menciona la próxima habilitación de la Terminal Única Courier (TUC), que centralizará la recepción de las mercaderías ingresadas bajo este sistema.

El cambio representa un giro respecto del esquema que se había consolidado en los últimos meses, cuando las empresas de courier internacional comenzaron a desconsolidar envíos directamente en depósitos fiscales habilitados, una modalidad que permitió ampliar la capacidad operativa del sistema frente al crecimiento de la demanda.

Las advertencias que anticiparon el cambio

En los últimos meses distintas fuentes vinculadas al sector privado comenzaron a alertar por presuntas maniobras irregulares, incluso de narcotráfico, lo que reabrió el debate interno sobre el equilibrio entre la política de flexibilización que llevan adelante desde Economía (Luis Caputo) y Desregulación (Federico Sturzenegger) y las facultades de fiscalización de la Aduana.

Durante una reunión ante las comisiones de Comercio y de Pequeñas y Medianas Empresas de la Cámara de Diputados, la Asociación Argentina de Agentes de Carga Internacional (AAACI) planteó que la simplificación de los trámites no debía traducirse en una reducción de los controles estatales.

Su presidente, Germán Raña, mencionó casos de mercaderías que habrían ingresado con declaraciones juradas que no se correspondían con sus características reales.

La entidad sostuvo que dejar toda la responsabilidad sobre el importador dificulta detectar irregularidades una vez que los productos ya ingresaron al mercado y reclamó mantener mecanismos de fiscalización que permitan verificar previamente el cumplimiento de los requisitos técnicos.

Por su parte, el Centro de Despachantes de Aduana (CDA) aclaró durante la misma audiencia que no pretende eliminar el régimen courier, sino revisar su regulación y fortalecer los controles.

Según expusieron sus representantes, comenzaron a detectarse operaciones comerciales que ingresarían como pequeños envíos o muestras. Entre los ejemplos detectaron mercaderías declaradas por alrededor de u$s 2000 cuyo valor real rondaría los u$s 12.000, además de envíos que superarían los límites de unidades permitidos para cada producto.

La entidad también denunció la utilización de identidades de terceros —incluidos menores de edad y personas fallecidas— para eludir el límite de cinco envíos por persona. Como ejemplo, mencionó un caso en el que se habrían realizado 16 operaciones utilizando datos ajenos.

A esos cuestionamientos sumó riesgos sanitarios y de seguridad derivados del ingreso de productos sin las intervenciones previas correspondientes. Entre los antecedentes mencionó la reciente prohibición de determinados juguetes infantiles tipo “squishy” y el operativo “Oh la la”, en el que se detectó cocaína oculta en consolas y compresores enviados hacia Europa.

Durante esa misma reunión se indicó que las operaciones bajo el régimen courier habrían aumentado alrededor de 400% desde comienzos de año, de acuerdo con datos mencionados por autoridades de Aeropuertos Argentina.

El otro diagnóstico dentro del Gobierno

Fuentes vinculadas al área económica que impulsa las medidas de desregulación reconocieron a El Cronista que el fuerte crecimiento del courier generó dificultades operativas, aunque sostienen que la solución no pasa por volver atrás con la apertura sino por modernizar los sistemas de control.

Según explicaron, la principal herramienta en análisis consiste en desarrollar una API que permita a la Aduana recibir anticipadamente la información de cada envío, cruzar automáticamente los datos y realizar análisis de riesgo antes de que la mercadería llegue al país.

Las mismas fuentes admiten, sin embargo, que ese proceso avanza con dificultades en medio del ajuste presupuestario. “Todos piden modernizar la Aduana, pero después no aparecen los recursos para hacerlo”, resumió una fuente que es parte de las discusiones.

Fuente: El Cronista